Si el Gobierno de la República y el PRI en verdad quieren atacar de fondo el problema de la corrupción, son necesarias las denuncias penales en contra de Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge y no sólo impulsar acciones de inconstitucionalidad, consideró el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta.
Dijo que el PRI no debe limitarse a impulsar acciones de inconstitucionalidad para desmontar la farsa de los sistemas estatales de anticorrupción que impulsaron esos gobernadores, toda vez que “desde el poder público federal se ha permitido todo tipo de excesos en materia de corrupción, autoritarismo y arrogancia”, señaló el senador perredista.
Manifestó que desde el Gobierno Federal o desde la presidencia del PRI resulta sencillo simular que se encabeza la limpieza de los gobiernos estatales priistas, pero dichas medidas nadie las cree porque; “esto debe entenderse como una estrategia propagandística rumbo a la sucesión presidencial de 2018”.
Indicó que en las actuales circunstancias políticas del país, los gobernadores gozan de un amplio poder y discrecionalidad en sus decisiones, lo cual, en algunos casos se traduce en opacidad, corrupción e impunidad.
El senador por Puebla, explicó que a partir de la transición en el poder del año 2000, la clase política del PRI se refugió en sus gobiernos locales y desde sus fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión protegió a sus mandatarios estatales e impidió que en sus entidades se realizaran auditorías a fondo de los recursos ejercidos.
Las condiciones políticas del país, particularmente la debilidad del gobierno del PAN, posibilitaron un ejercicio del poder sin límite en las entidades federativas priistas. “Sin un Presidente de la República todopoderoso, se generó un fenómeno que puede denominarse como feudalización de la política en los estados”, aseguró.|dec