Dos años después de presentada la denuncia, la Procuraduría General de la República (PGR) decidió abrir una nueva averiguación previa relacionada con las irregularidades y posible tortura que cometieron policías y funcionarios de SEIDO en la detención del abogado Gerardo Ortega Maya, acusado con otras personas de ser cómplices del Cártel del Pacífico.
Los abusos involucran a una célula militar que fue traída a la PGR durante la gestión de la ex procuradora Marisela Morales, así como a agentes que continúan laborando en la institución y que se caracterizaron por construir acusaciones con dichos sin sustento de testigos protegidos.
Este diario tuvo acceso al oficio VG/DGAI/DI-B/3986/2014 emitido apenas el mes pasado por la agente del Ministerio Público de la Visitaduría General de la PGR, Evelyn Aurora Maya Torres, en el que se informa que tras un análisis de la evidencia se encontraron elementos para abrir la averiguación.
“En relación a la denuncia de fecha cuatro de mayo de dos mil doce a través de la cual se hizo conocimiento de esta Visitaduría General probables irregularidades cometidas por servidores públicos de esta Institución (…) me permito informar a Usted que la suscrita agente del MP, después de las investigaciones correspondientes en el expediente, determinó dar vista a la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos”, indica el documento.
En atención a ese oficio, la referida Dirección abrió la averiguación previa número 209/2014 y el jueves pasado citó a ratificar su denuncia a Karina Ortega, hermana de Gerardo Ortega Maya, quien narró de nuevo los maltratos ocurridos desde la detención y el arraigo durante 50 días del abogado.
Entre los involucrados en las irregularidades se encuentran los militares Avigaí Vargas Tirado, coronel de Infantería, y Leonel Guadalupe Licona, también oficial del Ejército, quienes se desempeñaban como agentes del Ministerio Público. Ambos renunciaron apenas terminó el sexenio pasado.
También, como 24 HORAS dio a conocer la semana pasada, estarían vinculados Luciano Nabor Hernández, quien continúa laborando en la SEIDO con el cargo de jefe de Departamento, y ostenta además el grado de Sargento Primero del Ejército; así como Hugo Mendoza Fragoso, adscrito a la Policía Federal Ministerial.
Sentencia impulsan reapertura
Cabe recordar que en el 2012 la PGR inició una primera averiguación previa por la denuncia presentada por Karina Ortega Maya, peor antes de que concluyera la administración de Morales el expediente se fue al archivo.
Las fuentes consultadas indicaron que en esta ocasión, para la reapertura del expediente, ha sido un factor clave la determinación de un juez federal y un tribunal que confirmaron que nunca hubo elementos suficientes en la consignación de la PGR para haber procesado a Ortega Maya.
En el caso en contra de Ortega y de varias personas más, la SEIDO utilizó a testigos protegidos, cuyos dichos no tenían sustento alguno. De hecho una de las testigos falseó su verdadera identidad, situación que era conocida por los mismos funcionarios ministeriales.
Pero además de las irregularidades legales, Karina Ortega denunció que su hermano fue torturado en las instalaciones de SEIDO y en el Centro de Arraigos. Esto se suma a la detención de Ortega dentro de su domicilio por personas armadas con uniformes de soldados, que la Sedena niega que hayan sido elementos suyos.
El objetivo de la tortura, según narra la denuncia, es que Ortega declarara en contra del general Tomás Ángeles Dauahare, quien también había sido detenido por supuestos nexos con el crimen organizad, a lo que él se negó.
Cabe recordar que Gerardo Ortega fue delegado de la PGR en Sonora en la década pasada, y antes de ser detenido fundió como asesor del secretario de Marina.