Las viejas armas políticas, legales e ilegales, legítimas e ilegítimas, permitidas y prohibidas conservan su utilidad para tratar de destruir a los adversarios. Hoy, varios gobernadores del PRI –acusados de corrupción y otras cosas horribles, horribles– se encuentran en el cadalso. Y como ha ocurrido en otras ocasiones, “cortarles la cabeza” dependerá de la voluntad política de quien decide los asuntos importantes en este país.
 
“¡Quién los entiende!” exclaman los observadores políticos objetivos e imparciales. Mucho antes de las elecciones del 5 de junio pasado, los priistas hablaban linduras, se sentían orgullosos, presumían de su honestidad… y hasta decían estar dispuestos a “meter las manos al fuego” por los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo. Ahora son sometidos a fuego amigo y enemigo: que si las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por gastar el dinero a manos llenas e irresponsablemente, que si los muertitos por todos lados, que si la compra de propiedades en México y en el extranjero, que si el enriquecimiento  inexplicable de algunos colaboradores, amigos, parientes… Y nadie públicamente se atreve a defenderlos. ¿Será porque perdieron en la susodicha elección? ¿Será porque no se puede defender lo indefendible?
 
Los acusados se dicen inocentes, pero la opinión pública y la publicada ya los juzgó. Algunos funcionarios encargados de resolver las querellas que se han presentado en contra de los acusados –principalmente de la PGR y del SAT–  parecen estar contribuyendo a la campaña en contra de aquéllos con declaraciones ambiguas y enviando señales confusas. Los querellantes urgen a esas autoridades a que actúen, pero éstas le dan largas a los asuntos, en espera de la “línea de arriba”.
 
Ante esta situación, surge la pregunta ineludible: ¿a cambio de qué el PRI podría entregar las cabezas de algunos de sus gobernadores acusados de corrupción?  Porque en la política nada es gratis.
 

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Legisladores, deportistas, ciudadanos de a pie, medallistas olímpicos… se quedaron perplejos cuando se informó que Alfredo Castillo, dirigente de la Conade, fue ratificado en su cargo. Pero más perplejos se mostraron cuando se enteraron del argumento para mantenerlo: “Alfredo sí sabe de deporte”. ¿Esgrima,  barra fija, lanzamiento de jabalina, clavados, lucha libre, caballo con orejas,  perdón, arzones, y otras disciplinas? Preguntan aquéllos.
 
El presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda nunca se imaginaron que gracias a la buena administración del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), que desde hace tres años dirige Carlos Rello Lara, el SAE iba a obtener más de 10 mil millones de pesos por nueve ingenios azucareros que “se le quedaron en la panza” al Gobierno federal después de la expropiación de hace justamente 15 años.
 
El viernes pasado, el grupo Beta San Miguel adquirió los últimos dos ingenios que el Gobierno federal licitó (El Potrero y San Miguelito), por los que pagó tres mil 398 millones de pesos, muy por arriba del precio base que era de mil 390 millones de pesos, cifra que, dicho sea de paso, dejó atónitos no sólo a los otros postores, sino a los especialistas en la materia, a varios participantes en el sector y a funcionarios del gobierno. El año pasado, el SAE realizó dos licitaciones en donde colocó siete fábricas azucareras por las que obtuvo más de siete mil millones de pesos.
 
Quienes digan que la producción, comercialización y exportación del “polvito blanco” vacilador no es negocio, son bisoños.