Sin derecho a la libertad bajo caución, ayer rindieron su declaración preparatoria los 11 activistas consignados a reclusorios federales de máxima seguridad acusados de tentativa de homicidio, asociación delictuosa y motín.
Este último crimen está tipificado como grave, con una pena privativa de la libertad de siete años de prisión, por ello, como parte de la causa penal 45/2014, el Juez 17 de Distrito de Procesos no les fijó fianza.
El pasado 23 de noviembre los inculpados subieron a la rejilla de prácticas del Juzgado 17 de Distrito en Veracruz, para rendir su declaración preparatoria, donde escucharon las imputaciones que les hace el Ministerio Público Federal.
Al rendir su declaración cada uno de ellos negaron los hechos, por ello, solicitaron el doble de tiempo, es decir 144 horas, antes de que se les dicte el auto de formal prisión o de libertad, para presentar las pruebas necesarias para demostrar sus inocencia. En cuanto a Laurence Maxwell Ilabaca, ciudadano chileno, contó con la asistencia consular, informó el Consejo de la Judicatura Federal.
Será el próximo sábado cuando el juez de la causa defina la situación jurídica de los acusados, al cotejar las pruebas de cargo del MP, con las evidencias de los activistas para demostrar su inocencia.
Con base a la averiguación previa SEIDO/UEITA/14791/2014, iniciada en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, a los detenidos se les fincó la responsabilidad de homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín.
Las 11 personas fueron detenidas tras los disturbios del pasado jueves 20 de noviembre en el Zócalo capitalino. En un principio se informó de 15 detenidos, pero después se notificó de la consignación de sólo 11 personas, ocho hombres al Centro Federal de Readaptación Social número Cinco en Villa Aldama, Veracruz; y tres mujeres al Centro Federal Femenil, Noroeste, en Nayarit.
En fuero común
En contraste, los 16 jóvenes consignados al MP de fuero común por los disturbios en la Calzada Ignacio Zaragoza, todos alcanzaron fianza, y sólo cuatro fueron consignados al Reclusorio Norte, pero fueron liberados horas después bajo las reservas de ley, y una fianza de 50 mil pesos.
A ellos detenidos les aseguraron cadenas, tubos y bazucas lanzacohetes de pirotecnia, bóxers, petardos, bombas molotov y otros objetos que presuntamente utilizaron para provocar los disturbios, por ello fueron acusados de ataques a la paz pública, delito calificado como no grave.
Al contar con antecedentes penales Alejandro Cabrera Ávila, José Manuel Morales Ruíz, Miguel Ángel Lara Mosso y Samanta Iraís Buendía Hernández , fueron consignados al Reclusorio Norte y a Santa Martha, respectivamente, donde fueron liberados el domingo pasado.
“Artículo 131. Se aplicará la pena de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación”, dice la referida ley del Código Penal Federal.
Ofrece Meade garantías a padre de chileno detenido
Por César Barboza
El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, se reunió la víspera en Santiago de Chile con el padre del estudiante chileno Lawrence Maxwell Ilabaca, quien permanece en la cárcel de máxima seguridad de Veracruz después de haber sido detenido en los incidentes ocurridos al final de la manifestación del jueves en la Ciudad de México.
El canciller aprovechó su estancia en la capital chilena, donde participó en el seminario “Diálogo sobre Integración Regional: Alianza del Pacífico y Mercosur”, para reunirse con Alberto Maxwell, a quien dijo que “su hijo (Lawrence, de 47 años) goza de todas las garantías que la justicia mexicana brinda a toda persona sometida a un proceso jurídico”.
El escritor y músico chileno, quien cursa un doctorado en Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue acusado por la Procuraduría General de la República de México de terrorismo, delincuencia organizada, tentativa de homicidio y motín. Posteriormente le fue levantado el cargo de terrorismo.
Según los familiares del estudiante chileno, los cargos que pesan contra él son infundados, al tiempo que han denunciado irregularidades en el procedimiento.