En dos semanas habrá otra “consulta popular’’ para decidir el futuro del Tren Maya y de una docena de programas sociales, según anunció el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Pero hay varias incongruencias en su anuncio.

Primero porque anuncia la consulta y al mismo tiempo la fecha de arranque de la obra -16 de diciembre-. ¿Para qué entonces la simulación de la consulta?

En segundo lugar, nadie conoce el proyecto del Tren Maya; no se conocen estudios de impacto ambiental, no se conoce si tienen ya el derecho de vía ni el proyecto ejecutivo o maestro.

No se conoce nada, sólo el voluntarismo del tabasqueño.

No se conocen los plazos del proyecto ni el monto total –todo ha sido a “ojo de buen cubero’’.

No ha habido licitaciones pese a que la ley mandata que esos proyectos multimillonarios se hagan una licitación pública internacional.
Tampoco se conocen cuáles serán los programas sociales puestos a consulta.

Y aunque López Obrador ha repetido que respetará la ley, la cronología de hechos y dichos sobre el nuevo aeropuerto y ahora el Tren Maya demuestra su desdén por el marco legal.

Hágase la voluntad de dedito cumpleañero.
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Imagine que es el año 2022 y tiene que tomar un vuelo –a donde quiera- del nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía.

De la puntualidad el vuelo depende su negocio-salud-casa-estado civil o lo que quiera.

La noche previa no duerme porque ya sabe que hará dos horas desde la CDMX hasta Santa Lucía.

Cuando pasa Indios Verdes se da cuenta de que hay un bloqueo –como el de ayer o como el que quiera- y busca, como miles de conductores más, una vía alterna para llegar al aeropuerto a tiempo.

Como diría ya saben quién, ¡pues no llegó! porque no hubo autoridad competente para desalojar a quienes bloquean el único camino que hay hasta ahora para llegar a Santa Lucía.

Pero conste que todo es ficción.
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Por cierto, el bloqueo de la autopista a Pachuca, que duró 20 horas, pudo haber durado menos si no fuera por la “desinteresada mediación’’ del diputado federal de Morena, Emilio Manzanilla Téllez.

El legislador se ofreció como mediador; llevó como propuesta a las autoridades de la capital que fueran liberados tres de los cuatro detenidos por el robo a la gasolinera de Ticomán, debido que esta terna no había participado en el robo.

Las autoridades de la capital accedieron, pero… entonces Manzanilla regresó con un pliego de peticiones que incluía la presencia del subsecretario de Seguridad Pública y luego escaló a la presencia del secretario de Seguridad Pública.

Y así, por horas, fueron escalando las peticiones que concluyeron en un pliego de 11 puntos en el que reclamaban la renuncia de Raymundo Collins.
Ya hay 80 policías capitalinos declarando, 51 denuncias penales y una investigación de Asuntos Internos que promete no ser parcial.

A ver.
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Por cierto, en el gobierno de la ciudad se preguntan ¿en dónde se metieron las autoridades del Gobierno del Estado de México?
Nada más mandaron boletines, pero no acudieron al bloqueo hasta que llegó la Policía Federal.

Vamos, ni en la mesa de negociación de la Basílica estuvieron.

¿Por qué sería?