Entre la (mal) llamada consulta popular y la iniciativa de eliminar el cobro de comisiones bancarias, Morena ya logró una reducción muy significativa del valor de capitalización de los grupos aeroportuarios y financieros.

Se estima que la cancelación del aeropuerto de Texcoco costó más de 90,000 millones de pesos de pesos a las empresas que administran los aeropuertos nacionales –una de ellas incluso internacionales- que cotizan en el Dow Jones y a las aerolíneas nacionales.

Y ayer, en cuanto se conoció la iniciativa de Ricardo Monreal para prohibir –ojo, no reducir a estándares internacionales- el cobro de comisiones a los bancos por servicios como la impresión de estados de cuenta, el valor de capitalización de los grupos financieros cayó, nada más, 85,400 millones de pesos.

Ello provocó que el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cayera 5.81 puntos, su peor caída desde 2011 contra el 4.2 que cayó con el anuncio de la cancelación de Texcoco.

La iniciativa de Monreal fue mucho más agresiva de lo que se esperaba.

En México, esta probado y comprobado, se cobran las comisiones más altas por servicios como la reposición de tarjetas de crédito, la consulta de saldos en cajero de otros bancos o la impresión de un estado de cuenta.

Todo mundo que tenga contrato con un banco conoce el costo de dicha relación.

Pero una cosa es negociar para la reducción de dichas comisiones a estándares internacionales y otras presentar una iniciativa para prohibir –en contra de la ley de la oferta y la demanda- el cobro de comisiones lo que reduciría las utilidades de la banca y probablemente obligaría al incremento sustancial de las tasas de interés para compensar la caída de los ingresos.

El hecho es que el mercado de valores, y hasta el tipo de cambio, reaccionaron con mayor velocidad que cuando se anunció la suspensión del aeropuerto en Texcoco.

Ya dijo Monreal que no tienen prisa por aprobar dicha iniciativa y que le harán el favor a los banqueros de escuchar sus posiciones.

Ok, ¿no debió hacerse antes?

Porque ahora si mucho diálogo y lo que quiera, pero, ¿quién repondrá el daño hecho a inversionistas?

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Hoy se elige al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, en un proceso en el que, como nunca antes, se han visto involucrados actores internos y externos ajenos a la institución que buscan llevar agua a su molino.

La discusión se ha centrado en el derecho que tiene el actual presidente, Álvaro Augusto Pérez Juárez ha participar en el proceso debido que la Constitución de la capital establece la prohibición de la reelección.

Pero el magistrado Pérez Juárez no fue electo, sino designado para terminar el periodo de su antecesor.

Además, la prohibición de reelección, si ese fuera el caso, entre en vigor el primero de junio del próximo año por lo que la Ley Orgánica del TSJ permite su participación.

Ha sido un largo debate que incluso provocó dos sesiones del pleno de magistrados; uno para decidir si la interpretación de la ley era la correcta –la mayoría dijo que sí-, y otra para decidir si los términos de la convocatoria era legales –volvió a ganar la mayoría.

Pero más allá del pleito por el cargo, lo que los ciudadanos tenemos que ver con cuidado es si los intereses en juego comprometen o no la autonomía de un órgano que debe ser totalmente autónomo.

Pero de que hay manos interesadas en descarrilar el proceso, ni duda cabe.