En los próximos meses el gran reto que tendrá el nuevo Gobierno dirigido por Andrés Manuel López Obrador será el de implementar y cumplir con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Este nuevo sistema le deberá dar resultados palpables, es decir, que deberemos de ver en nuestro nuevo contexto político-administrativo la resolución de los casos pendientes y que habrán de llegar.

Ante ello será fundamental los nombramientos que quedan pendientes para integrar el Comité Coordinador de manera completa: el fiscal Anticorrupción y los magistrados especializados, así como los jueces administrativos especializados en la materia.

Justo ayer tuve la oportunidad de conversar con el fiscal Anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales Santos, a quien tocó llevar a proceso penal al ex gobernador de esa entidad, Rodrigo Medina.

En la conversación fue claro al advertir que las fiscalías anticorrupción en el país han hecho un gran avance. Sin embargo, carecen de diversos mecanismos que permitan en realidad poner en prisión o castigar a aquellos funcionarios o ex funcionarios que han cometido actos de corrupción.

Por ejemplo, en el caso del ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y su padre, Humberto Medina, quien se presume era el que realmente operaba las finanzas estatales, el Servicio de Administración Tributaria no le entregó información fundamental para investigar las cuentas bancarias o transferencias de esos personajes.

Ernesto Canales comenta que la Fiscalía que estuvo a su cargo enfrentó serios retos, como la escasez de recursos, la falta de capacitación de los ministerios públicos, pero sobre todo la resistencia de las dependencias federales para entregar o conformar un real intercambio de información institucional que permitan conformar una buena carpeta de investigación.

El fiscal a propósito se encuentra presentando su libro ¿Cómo nos arreglamos?, en el que narra su experiencia en dicha dependencia y los obstáculos que tuvo para lograr procesar a Rodrigo Medina y a un grupo de sus colaboradores.

En una parte de su libro, Canales señala que el reto para López obrador consistirá en crear una política que acabe con la corrupción, pero advierte que esa política deberá ser tan estratégica, pues se debe evitar que dicha acción acabe con el país y, por lo tanto, haga más daño que solución.

Y ya que hablamos de temas de corrupción, el Senado de la República y la fracción de Morena deberán tener cuidado en sus nombramientos, pues uno de los candidatos que tienen a ocupar el cargo de magistrados de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral de Tamaulipas es el magistrado José Guadalupe Herrera Bustamante.

Este magistrado de Tamaulipas es investigado por la PGR por presuntos vínculos con la delincuencia organizada; de hecho, el magistrado Herrera aparece en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, misma que la PGR abrió la dependencia federal contra Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores.

Documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera señalan que el también ex procurador, durante las gestiones de Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández Flores, fue incluido en la alerta migratoria de 2011, emitida por el Gobierno federal en contra de los ex gobernadores de Tamaulipas.