Consistentemente, la administración de la seguridad en este sexenio ha sido la que entrega los peores resultados al acercarse la conclusión de 2018.
En ese contexto, que una de cada tres empresas en el país haya sido víctima del delito en 2017 es, aunque usted no lo crea, una inflexión positiva en la tendencia que tenía México.

Sin embargo, en el escenario más amplio del comportamiento del fenómeno de la inseguridad y ante las evidencias representadas por los datos, la situación es más grave al finalizar esta administración de lo que había sido al concluir el sexenio de Felipe Calderón.

La gestión del PRI y de gobernadores incapaces, inhábiles, cómplices, indispuestos a la cooperación con resultados o abiertamente omisos del cumplimiento de sus obligaciones respecto de la provisión de seguridad, se exhibe un desastre mayúsculo comparable con los países latinoamericanos que han vivido crisis de guerra civil y movilizaciones radicales en los últimos 30 años.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVEA), realizada por el INEGI, en México, 33.7% de los negocios fueron victimizados el año pasado en contraste tenue con un porcentaje de 35.5 en el año 2015. Ello implica una contención con cierto significado al reflejar la interrupción al alza del crimen, así sea esa novedad de magnitud mínima.

Sin embargo, los delitos cometidos contra las empresas mexicanas se asemejan porcentualmente a los que registraban las empresas en Centroamérica durante los conflictos civiles de los años 70 y 80 y los que presentan las empresas en países como Venezuela desde hace cinco años.

El costo de los daños por la inseguridad es calculado en casi 156 mil millones de pesos por el mismo INEGI.

En otras palabras, la delincuencia contra las empresas, en esta administración desvanecida y agonizante, sigue siendo muy alta y tan extendida como lo es en países en situaciones de crisis de abasto, movilizaciones radicales, insurgencia o desorden financiero.

El mismo día en que se da a conocer la encuesta referida del INEGI, la Policía mexiquense rehuye detener y, por lo tanto, confrontar la presencia de un convoy armado en Naucalpan, integrado por al menos siete camionetas.

Se trata de un convoy semejante a los que transitan en Jalisco, Durango. Guanajuato y sus respectivas fronteras rurales y que se dicen parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.

También se informa que los homicidios vinculados al crimen organizado en la capital del país se incrementaron 163%, la misma ciudad gobernada por el PRD que, según Miguel Ángel Mancera, se ubicaba fuera del territorio de la influencia de los cárteles.

Al mismo tiempo, Morena entrega los resultados de la realización de los foros Escucha, aunque falta precisar cuáles de los elementos se incorporarán y de qué manera programática se desplegarían como parte de las definiciones estratégicas en materia de seguridad y de justicia.
Estamos atentos.
@guerrerochipres