La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un escrito Amicus Curiae, a fin de aportar elementos que se consideran pertinentes y adecuados para la resolución del amparo directo 9/2018.
Ello, luego de que una trabajadora doméstica (parte actora) acudió en vía de amparo directo a impugnar el laudo pronunciado por la Junta Especial Diecinueve de la Local de Conciliación y Arbitraje, quien resolvió de manera negativa entre otras pretensiones la inscripción retroactiva ante el IMSS y el pago de horas extras.
En dicho asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ejercer su facultad de atracción, de acuerdo con un comunicado.
Ante ello, la CNDH solicitó respetuosamente a la Corte brindar la atención que corresponda a los elementos y argumentos presentados, a efecto de que se emita la determinación que resulte más benéfica a la protección de los derechos humanos involucrados.
El escrito que presentó se divide en diversos apartados. En el primero se sustentó su interés justificado del para presentar fundamentos de hecho y de derecho a la consideración de la Segunda Sala de la SCJN. En un segundo escrito se abordó el objeto de esa intervención y se expusieron las características que reviste la figura del Amicus Curiae.
Posteriormente se realizó una relación sintética de la tramitación del juicio de amparo directo que dio origen al expediente, a fin de contextualizar la intervención de la CNDH.
Y se expusieron los antecedentes del caso, se desarrolló el parámetro de protección de los derechos humanos, en específico por cuanto se refiere a los derechos de igualdad, no discriminación, seguridad jurídica y seguridad social, consagrados en el orden jurídico, así como las circunstancias específicas del caso en cuestión.
Para la CNDH, la cobertura voluntaria para el acceso efectivo a la seguridad social es una de las muchas barreras que enfrentan las y los trabajadores domésticos en México, la cual representa una carga adicional.
A ello se suma la difícil tarea que significa convencer a la parte patronal de inscribirse en el Seguro Social, lo que impide el verdadero disfrute del derecho a la seguridad social.
De esta manera, estimó que el actual régimen de seguridad social no contribuye a aminorar los efectos de las diferencias que existen entre las personas trabajadoras domésticas y las partes empleadoras; ni garantiza el acceso efectivo de este sector poblacional tan vulnerable y sus familias a las prestaciones que brinda el seguro social obligatorio.
La Comisión Nacional resaltó que el derecho de seguridad social reconocido a todas y todos los trabajadores como derecho humano y garantía social, no solo está encaminado a proteger a éstos, ya que debe abarcar a sus familiares.
Por lo tanto, agregó, el Estado tiene la obligación de no reducir o restringir de manera injustificada el acceso pleno a las prestaciones sociales que corresponden a los familiares como beneficiarios, de manera preponderante tratándose de grupos en situación especial de desventaja como las y los trabajadores domésticos.
Finalizó que la Constitución reconoce y mandata la protección de todos y cada uno de los derechos de las y los trabajadores domésticos, por lo cual las autoridades estatales y patrones –de los sectores público y privado— tienen la obligación de garantizarlos, lo que justifica su participación en el caso concreto.
fahl