Cinco años y ocho meses después de que la administración del presidente Enrique Peña Nieto publicara una base de datos con el total de personas desaparecidas hasta ese entonces (2013), esta semana se volvió a presentar el nuevo Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP).

En febrero de 2013 (dos meses posteriores de concluir la administración de Felipe Calderón), la entonces subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, presentaba una base de datos de personas desaparecidas y extraviadas con un total de 24 mil 957 registros.

Cinco años después, el actual secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, presentó la misma base de datos que ha sido trabajada y modificada en cinco años, así como una nueva metodología para irla alimentando.

En total, dijo que en México hay 37 mil 485 personas desaparecidas, al igual que hace cinco años no se señaló que en la base de datos pueden existir diversos casos, desde el extravío, la desaparición, hasta la desaparición forzada.

Si tomamos en cuenta ambas cifras, podremos ver que en la administración de Enrique Peña Nieto se incrementó en 12 mil 528 casos la lista de desaparecidos. Y que en ese tiempo no se logró en realidad hacer un buen trabajo para su localización y para la buena depuración de esa base de datos.

El tema de desaparecidos o extraviados es un asunto que debe preocuparnos, ya que tan sólo de septiembre de 2017 a la fecha, la lista de desaparecidos se incrementó en cuatro mil 208 casos.

No es queja que se presente una nueva iniciativa para tener una base de datos confiables para las personas desaparecidas o extraviadas, sin embargo no es fácil olvidar que en cinco años no se logró hacer pese a los llamados de la sociedad civil.

Ayer, el propio director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, señaló que ellos habían detectado que hay deficiencias importantes en el registro de las desapariciones de personas. “La estadística tiene que estar conectada con algo de sustancia, a partir de ello se pueden construir soluciones”, afirmó.

No podemos dejar de lado que en cinco años se conformó un registro con muchas deficiencias, la primera de ellas, y quizás la más importante, es que en la base de datos lo primero que notamos es la ausencia de nombres de las personas en los registros. Es decir, las autoridades durante cinco años no tenían el nombre ni rostro de las víctimas.

Técnicamente en cinco años tuvimos una doble desaparición de las personas; primero desaparecen físicamente, y luego el Estado invisibilizó y con ello les quitó identidad. Lo increíble es que el Gobierno con los recursos que tiene no logró hacer ejercicios como el presentado el año pasado por Data Cívica, que se dio a la tarea de reconstruir esa base de datos utilizando tres registros públicos: el padrón de beneficiarios de la Sedesol, el padrón del IMSS y el propio RNPED.

En dos años de trabajo, los de Data Cívica lograron darles identidad a muchos de esos desaparecidos. Ojalá que la próxima administración tome en cuenta muchos de los trabajos, estudios y análisis que han hecho los de la sociedad civil. Labores con las cuales, en lugar de comenzar desde cero, se podría tener un buen avance e incluso una mejor metodología de trabajo.