Cuatro años después volvemos al principio: a crear una Comisión que investigue qué pasó en Ayotzinapa.
No hay reto mayor para López Obrador en materia de derechos humanos que cumplir la promesa de encontrar la verdad de qué sucedió con los 43 estudiantes normalistas.

Tanto la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como el futuro subsecretario en Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el propio Andrés Manuel López Obrador se comprometieron con los padres de los 43 normalistas a descubrir “la verdad’’ el próximo sexenio.

López Obrador dijo que una vez que rinda protesta como Presidente, ordenará en un decreto la constitución de una comisión que se encargará de una nueva investigación.

El compromiso, si bien suena a salida fácil, implica un grave riesgo para el Gobierno entrante.

Ayotzinapa es vista como el Waterloo de la administración de Peña Nieto.

Los 43 desaparecidos marcaron un antes y un después de su Gobierno, que invirtió millones y millones en la investigación en la que participaron expertos forenses extranjeros con los resultados que todos conocemos: una “verdad histórica’’ que no es aceptada ni por los padres de los desaparecidos ni por los miembros de los grupos de especialistas contratados para validar la pesquisa.

Muchas han sido las propuestas que ha hecho López Obrador que le han sido duramente criticadas, sobre todo en materia económica.

Pero comprometer a un gobierno a resolver un caso que ha sido ampliamente investigado y que involucra los sentimientos de decenas de familias agraviadas es otro tema.

Crear comisiones en México es una de sus grandes enfermedades políticas.
Lo deseable, por la salud del país, es que ésta no sea simplemente otro factor de distracción.
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La bancada del PAN en el Senado anduvo de fiesta ayer, festejando la toma de posesión del nuevo gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, por lo que no fue posible conocer la opinión de las legisladoras del blanquiazul sobre el bochornoso caso de su compañero Ismael Cabeza de Vaca.

A ver cómo se pone hoy el asunto en la reunión previa a la sesión, en la que seguramente habrá condenas, pero no castigos, porque legalmente el legislador no cometió un delito por comentar fotos de una joven, haiga sido como haiga sido.
Pero el costo que pagó el partido en imagen pública, ni siquiera es cuantificable.
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La presión que ejercieron grupos de artistas y de ONG, como Católicas por el Derecho a Decidir, que encabeza Martha Lamas, logró que Mario Delgado quitara las presidencias de las Comisiones de Cultura y Cinematografía, además de la de Salud al Partido Encuentro Social.

Estas comisiones serán presididas por Morena, mientras que el PES tendrá como compensación las Comisiones del Deporte y del Trabajo y Previsión Social.

Con este acuerdo, Erik Morales, el Terrible, pierde la presidencia de la Comisión del Deporte y, en cambio, el actor Sergio Mayer se hace de la presidencia de la Comisión de Cultura y Cinematografía.
Y todo por las buenas, ¿eh?