Con ley de 2011 pretenden quitar pensión a Presidentes
La Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos, con la cual ningún funcionario podrá tener un sueldo mayor al que percibe el Presidente de la República, y pone fin, además, a las pensiones presidenciales, es decir, una de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo.
En el artículo 11 la iniciativa menciona que “unicamente podrán conocederse y cubrirse pagos por servicios prestados en el desempeño de la función pública, tales como pensiones, jubilaciones, compensaciones o cualquier otra de semejante naturaleza, cuando tales prestaciones se encuentren expresamente asignadas por una ley o decreto legislativo”. Y en el caso de las pensiones presidenciales, éstas corresponden a un acuerdo del Ejecutivo federal, con lo cual quedarían anuladas.
Además, el mismo artículo señala que “los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato”.
Mientras que en el tema de que ningún funcionario podrá ganar más que el mandatario nacional afirma: “Ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación“.
Esta ley derivó de una minuta que llegó a la Cámara de Diputados el 10 de noviembre de 2011, luego de ser enviada por el Senado (el 8 de septiembre de ese mismo mes) y que fue turnada en ese entonces a comisiones, de donde no consiguó avanzar.
El plazo para ser dictaminada concluyó en 2013, aunque la Legislatura pasada autorizó una prórroga hasta abril de 2016; sin embargo, por acuerdo de los actuales coordinadores parlamentarios de San Lázaro se acordó su presentación en este período ordinario.
El proyecto de decreto fue aprobado en lo general por 433 votos a favor, nueve en contra y una abstención, para luego ser discutido y aprobado en lo general y en lo particular con 246 votos a favor y 111 en contra.
Como fue aprobada sin cambios (tal cual la recibió del Senado en 2011) la iniciativa fue enviada directamente al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, si ello ocurre, el propio Presidente de la República firmaría la desaparición de su pensión y la de sus antecesores; sin embargo, también podría realizarle observaciones y regresarla al Congreso para su dictaminación.
El Ejecutivo federal tiene un plazo de 30 días para publicarla y otro período adicional de 10 días; luego de ese plazo, el Congreso tendría la autoridad para hacerlo, si es que no recibe observaciones.
Primera aprobación
Esta es la primera ley que aprueba la LXIV legislatura, y para el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro y coordinador de Morena (el partido con mayoría en la Cámara de Diputados), Mario Delgado, es de suma importancia porque fue una promesa de campaña detener los excesos y privilegios, principalmente de altos funcionarios.
Por su parte, Laura Rojas Hernández, diputada del PAN, lamentó que siendo la primera ley que aprueban, el resultado sea un texto desarticulado de las reformas que han ocurrido en los últimos siete años; es decir, es una ley desactualizada.
Pablo Gómez, diputado de Morena, afirmó que “el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra (en lo particular) porque votan a favor en lo general cuando todos los artículos estaban reservados. Cuando se votó en lo general se votó por el título de la ley, porque todo lo demás quedó reservado…, al final votaron en contra de todos los artículos”, aseguró en una entrevista posterior a la aprobación.
Consideró que esos partidos pretenden engañar a la opinión pública y aparecer como si estuvieran de acuerdo en la regulación de los sueldos de los funcionarios públicos, cuando no es verdad.
LEG