La represión en Nicaragua contra los opositores al régimen de Daniel Ortega va en aumento, al tiempo que se intensifican las demandas internas y externas para frenar la violencia en el país centroamericano.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, conformada por estudiantes, empresarios, campesinos y activistas de derechos humanos, exigió ayer a Ortega que deje de mentir y detenga las agresiones contra la población.
“Mientras el Gobierno asegura que ‘todo volvió a la normalidad’, sus paramilitares y policías continúan en campaña de violencia, persecución y muerte. Dejen de mentir y paren la violencia ¡Ya! El pueblo exige”, destacó la Alianza, en un comunicado difundido en redes sociales.
La petición de la Alianza se dio luego de que al menos cuatro personas murieran en un enfrentamiento a tan sólo unas horas de que Ortega afirmara en una entrevista a la cadena estadounidense Fox News que Nicaragua se encuentra en “normalidad”, al ser cuestionado sobre el estallido social y las víctimas de la represión.
La Alianza también recordó ayer que más de 800 personas permanecen desaparecidas y al menos 400 han sido detenidas de forma ilegal, en cárceles oficiales y sitios desconocidos.
Entre los cuatro muertos después de las declaraciones de Ortega está una estudiante de medicina, Rayneia Gabrielle Lima, nacida en Brasil, y tres nicaragüenses que perecieron en un ataque armado de las “fuerzas combinadas” del Gobierno, compuestas por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos de choque oficialistas.
El ataque, que se extendió por más de 8 horas entre la noche del lunes y la madrugada del martes padados, ocurrió en el barrio Sandino, de Jinotega, 163 kilómetros al norte de Managua.
La diócesis de Jinotega confirmó el ataque y el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, una de las voces más críticas contra Ortega, también se refirió a dicho enfrentamiento: “Mi solidaridad y oraciones por tantas familias que sufren allí”, escribió en su cuenta de Twitter.
Por otra parte, el opositor Partido Liberal Constitucionalista, denunció que el alcalde del municipio de Mulukukú, Apolonio Fargas, miembro de la organización, fue detenido ayer de forma ilegal por paramilitares y policías.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al régimen de Nicaragua por “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que Ortega ha negado.
En tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró ayer que la violencia en Nicaragua “patrocinada por el Estado” es “innegable” y acusó a Ortega de ser responsable de la muerte de más de 350 personas en la ola de protestas que sacude el país desde abril y le insistió en adelantar las elecciones.
En la víspera Ortega aseguró en la entrevista a Fox News que la propuesta de adelantar las elecciones crearía “inestabilidad e inseguridad” y “empeoraría las cosas”.
En tanto, el ministro de Estado del Reino Unido para las Américas, Sir Alan Duncan, expresó su preocupación y criticó el uso excesivo de la violencia por parte de autoridades y grupos afines a Orteha.
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