Jorge Alberto, enfermero auxiliar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es acusado de vender órganos a pacientes, plazas a empleados de la institución y del asesinato de al menos siete personas, por lo que es señalado de encabezar una red de corrupción al interior del IMSS.
Jorge Alberto es investigado por el homicidio de la familia Romero Armendáriz, en el fraccionamiento Residencial Universidad.
“Hasta el momento tenemos algunos indicios que podrían generar alguna convicción en relación a su posible participación, no queremos anticipar nada hasta no tener evidencia suficiente que lo vincule o descarte, pero por lo pronto logramos establecerle responsabilidad para presentarlo al juez por el homicidio de la enfermera (Laura Soto)”, declaró el fiscal general César Peniche Espejel.
Sus funciones en el Hospital General Morelos eran las de cualquier otro enfermero, hacer curaciones, atender pacientes o suministrar medicamentos; sin embargo, vivía rodeado de lujos.
Para nadie era secreto que vendía plazas dentro del IMSS por al menos 50 mil pesos, pero que además, no a todos les cumplía lo acordado, por lo que llegó a tener problemas con algunos de sus compañeros.
De acuerdo con la Fiscalía del Estado, Jorge Alberto habría obtenido hasta 600 mil pesos por la venta de plazas, pero también es el presunto asesinato de Laura María Soto López, empleada de la Clínica 2, ocurrido en diciembre de 2017; quien al parecer, le habría reclamado por no asignarle un puesto de trabajo luego de que ésta le pagara por ello.
De acuerdo con El Diario de Chihuahua, el enfermero estaría vinculado en el asesinato de al menos seis crímenes posteriores en la capital del estado, y existen indicios de que actuó de manera similar en otras regiones de la entidad debido a la red de corrupción en la que participaba.
“Aún hay personas que están libres tanto dentro como fuera del IMSS y que trabajaban con Alberto en lo que les pedía”, dijo uno de los entrevistados por el Diario de Chihuahua.
La FGE lo vincula con el asesinato de Laura María Soto López, quien fue victimada de siete balazos el 7 de diciembre pasado. Así como con el homicidio de Hazael Díaz Jáquez, quien también era empleado del Instituto y le dispararon el 29 de enero pasado en el Parque Hundido de El Palomar.
Otro de sus presuntos crímenes sería la masacre de una familia el 29 de junio en la a colonia Lomas Universidad, donde fueron abatidos a tiros Daniel Gregorio Romero Vega, de 65 años y su esposa Rita Armendáriz Barraza, de 62, así como sus hijas Daniela, de 36 y María Romero Armendáriz, de 32 años junto con su esposo Ricardo Chávez Pérez, de la misma edad. Sólo sobrevivió un menor de 2 años.
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