Foto: Cuartoscuro  Especialistas internacionales se pronunciaron porque en México se emprendan las acciones legislativas que a su vez den paso a políticas públicas enfocadas a reducir la brecha de desigualdad  

Especialistas internacionales se pronunciaron porque en México se emprendan las acciones legislativas que a su vez den paso a políticas públicas enfocadas a reducir la brecha de desigualdad entre municipios, sobre todo los que se ubican en las zonas rurales.

 

Lo anterior, durante la presentación del Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2017: “No dejar a ningún territorio atrás”, elaborado por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, convocada por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

 

El documento pone en discusión la desigualdad territorial, con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, y los objetivos de la Agenda 2030.

 

El coordinador ejecutivo de Investigación del IBD, Juan Pablo Arroyo, señaló la urgencia de generar una agenda para la construcción de políticas públicas, que permitan revertir las brechas en la atención de temas fundamentales para el desarrollo, como salud, educación y generación de empleo.

 

Manifestó su preocupación en temas de salud, pues entre 2005 y 2015 en el país aumentaron los casos de mortalidad infantil en más de 520 municipios del país, lo cual es un tema de interés nacional.

 

Cristian Leyton Navarro, coordinador del estudio, propuso a México emprender una mayor articulación entre actores privados, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos municipales, estatales y la federación, para la construcción de proyectos que permitan reducir las diferencias de desarrollo entre localidades.

 

La integración exitosa de todos los actores, puntualizó, depende de que se reconozca la importancia de los gobiernos municipales como el primer punto de contacto con la población, y su papel en la puesta en marcha de los programas destinados a reducir la desigualdad.

 

En representación del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Marcelo Delajara, consideró que otro de los temas de gran preocupación es el incremento homogéneo en todo el país de los menores de edad que no estudian ni trabajan, el cual pasó de 25 a 33.6 por ciento.

 

El aumento de los jóvenes denominados “ninis” en todos los estados y municipios, puntualizó, pone en evidencia que este fenómeno no tiene que ver con el aspecto territorial, sino con la falta de éxito de los programas de las instituciones.

 

El coordinador subregional para Mesoamérica del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Juan Diego Ruiz, se pronunció porque el Senado y la Cámara de Diputados emprendan las acciones legislativas necesarias para que se concreten las políticas públicas que permitan equiparar el crecimiento económico, social y económico en todos los municipios.

 

AM