Dos jueces, uno con residencia en la Ciudad de México y el otro en Guanajuato, concedieron amparos en contra de la Ley de Seguridad Interior por considerarla inconstitucional y violatoria de los derechos humanos.
Fernando Silva, juez Octavo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió la protección de la justicia federal a Bárbara Zamora, abogada penalista del bufete “Tierra y Libertad”.
En su resolución consideró que la actuación de los militares en tareas de seguridad pública, establecida en diversos artículos de la Ley, puede provocar actos de imposible reparación en perjuicio de los integrantes de la sociedad.
Indicó que el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública introduce un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas porque la autoridad militar difícilmente puede sustraerse “al régimen de mando y adiestramiento para el cual ha sido creado”.
En el otro caso, Karla María Macías Lovera, juez Noveno de Distrito en Guanajuato, concedió el amparo a una organización de ciudadanos defensores de los derechos humanos.
En su fallo refirió indicó que algunos de los artículos de la legislación son violatorios a los derechos humanos pues la afectación que genera no sólo impacta a los quejosos sino a toda la población.
Con información de MVS