El jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, y 17 servidores públicos de su administración usaron recursos públicos para la construcción y operación del restaurante La Carreta del Pacífico, que hasta agosto pasado funcionaba como centro de operación de la banda criminal de Felipe de Jesús Pérez, el Ojos.
Así lo informó el contralor del Gobierno de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, ante la Asamblea Legislativa, de acuerdo a un comunicado del grupo parlamentario del PRD.
Durante su participación en una comparecencia ante el pleno de la ALDF, el vicecoordinador del PRD, Raúl Flores, pidió al contralor dar a conocer el estatus de la denuncia CI/TLH/D/0167/2016, presentada en contra de la delegación Tláhuac por utilizar recursos de dicha demarcación con el fin de habilitar la infraestructura necesaria para el restaurante La Carreta del Pacífico.
“Administrativamente, en nuestra materia nosotros tenemos identificados a servidores públicos como probables responsables, a 18 que implican responsabilidad del jefe delegacional, a un director general, dos directores de área, dos jefes de unidad departamental y 12 personas operativas”.
Flores García precisó que en meses pasados se presentaron pruebas de que se emplearon recursos públicos de la delegación morenista, humanos y materiales para la operación y mantenimiento del establecimiento mencionado que es propiedad de la familia de Rigoberto Salgado, el cual fue inaugurado el 3 de septiembre de 2016 bajo la administración de Jazmín Rodríguez Salgado, sobrina del delegado.
En tanto, Rovelo Pico informó que se inició una pesquisa de oficio por el derrumbe del Colegio Rébsamen, tras el terremoto del 19 de septiembre pasado, el cual cobró la vida de 26 personas, por la que todo el personal de la delegación Tlalpan se encuentra bajo investigación y en espera de las sanciones correspondientes.
Flores también pidió conocer el estatus del contrato firmado con la empresa Autotraffic para la aplicación de fotomultas, a lo cual Rovelo Pico informó que desde el 24 de octubre de 2017 ya no se renovó y que los instrumentos usados para la aplicación de las multas pasaron a ser parte de la infraestructura del gobierno capitalino.
JNO