El ex comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, llegó en 2015 a la Comisión Nacional del Deporte (Conade), 85 días antes de los Juegos Olímpicos.

Durante los primeros meses, Castillo denunció diversas irregularidades en la Conade, incluso reveló malos manejos de recursos por parte de diversas federaciones deportivas. Situación que casi cuesta que hasta el Comité Olímpico Mexicano amenazara con no ir a las Olimpiadas.

De sus denuncias poco se supo, pero ahora con los resultados de la Auditoría Superior de la Federación se observan malos manejos en la Conade al menos durante el ejercicio de 2016.

De entrada, hace unos días se publicó que la ASF no encontró más de 759 millones de pesos que debió destinar la Conade a distintos sectores deportivos incluyendo los Juegos Olímpicos pasados.

Pero si uno se mete a detalle en el informe de la auditoría se dará cuenta que se detectaron 12 observaciones, de las cuales sólo dos fueron solventadas por la entidad fiscalizada. Sumado a ello, la ASF realizó 16 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra personal o funcionarios de la Conade.

Dentro de los señalamientos se habla de que en la Conade se contrató personal sin experiencia, y sin fundamentar las contrataciones, una de ellas referente al área de Comunicación Social.

La ASF expone que en 17 casos no se cumplió con los años o el área de experiencia laboral; en 15 casos, las capacidades técnicas descritas en la currícula no cumplieron con las solicitadas en los perfiles de puesto y en dos casos la currícula no hace referencia de ellas.

Por ello solicitó a la Conade tomar medidas para sancionar  a los funcionarios responsables e iniciar un procedimiento administrativo por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no verificaron que los candidatos a ocupar los puestos vacantes cumplieran con los requisitos establecidos en el perfil de puestos.

En otros procesos

Esta semana tendremos que estar pendientes del caso de Manuel Barreiro, el empresario queretano vinculado al candidato a la Presidencia por el Frente, Ricardo Anaya. Todo indica que a mediados de esta semana, la Procuraduría General de la República estaría consignando ante un juez federal la carpeta de investigación sobre la triangulación de recursos que le permitió comprarle -por 54 millones de pesos- a Ricardo Anaya, el terreno en el cual ya se había construido una nave industrial.

Lo que hasta el momento se sabe es que Ricardo Anaya no estaría dentro de la consignación. Sin embargo, su nombre sí aparece en múltiples ocasiones. En el expediente, la PGR dejará abierta la posibilidad de seguir investigando si Anaya tiene alguna responsabilidad en el lavado de dinero que, otros dos hombres afirman, se realizó.

Lo cierto es que no debemos descartar que en los próximos días, Ricardo Anaya sea citado a comparecer en calidad de testigo ante el Ministerio Público Federal para que narre y se le cuestione la forma en que contactó al comprador del terreno que años antes él y su familia habían adquirido y, sobre todo, los motivos que lo llevaron a venderlo.

JNO