El 17 de agosto, Día Mundial del Peatón, recordamos con pesar que la ciudad se volvió hostil para muchos de los que caminamos día a día por sus calles. Que más de 50% de las víctimas de hechos viales son peatones, siendo los usuarios más vulnerables de las vías.

 

Desde 2014, cuando la Ciudad de México reformó su marco normativo con la nueva Ley de Movilidad, la seguridad vial llegó por primera vez a elementos jurídicos y de implementación. La jerarquía de movilidad establece a la cabeza a los peatones, ciclistas y usuarios de transporte público, siendo los usuarios más vulnerables. Con el cambio hacia un nuevo modelo de movilidad se impulsó la política Visión Cero, cuyo precepto fundamental es que ninguna vida perdida en calles es aceptable; por el contrario, los hechos de tránsito, en su gran mayoría, son prevenibles. El Reglamento de Tránsito fue el primer brazo ejecutor de esta política, destacando el elemento que, con una reducción en 18% de muertes por hechos de tránsito, ha sido el fundamental: la gestión de la velocidad.

 

Es la gestión de la velocidad la herramienta más importante. Y aunque la reducción regulatoria a través del Reglamento de Tránsito parece la ruta más clara para lograrla, las ciudades deben incorporar muchas otras herramientas que permiten salvar vidas, garantizar trayectos seguros para todos los usuarios y mejorar la convivencia en nuestras calles. Ejemplo de ello ha sido la intervención en infraestructura, como los más de 120 cruceros intervenidos –en los que se han reducido en 50% los atropellamientos, los 170 kilómetros de ciclovía que hoy tiene la ciudad, y nueva señalización horizontal y vertical.

 

Sin embargo, esto no es suficiente. Nuestro objetivo es la reducción a cero en muertes por hechos de tránsito. En ese sentido, el avance no debe detenerse, sino reforzarse. Aún es necesaria la construcción de otros elementos que garanticen trayectos seguros, de puerta a puerta, para todos los usuarios. El Programa Integral de Seguridad Vial, con su visión de corto y mediano plazo, los contempla: elementos como la capacitación de operadores de transporte público, capacitación y examinación a conductores, más programas de educación y cultura vial, auditorías de seguridad vial, mejora en la atención a víctimas de hechos de tránsito. No obstante, para lograr continuidad en estos cambios, y su efectiva gestión e implementación, es necesario continuar reforzando el elemento institucional.

 

La acción prioritaria número uno del Programa Integral de Seguridad Vial es la constitución de una Agencia de Seguridad Vial que vigile la implementación y continuidad de esta política, a través de atribuciones claras y liderazgo en la coordinación interdependencial. La CDMX, como punta de lanza a nivel nacional con pasos decididos hacia la seguridad vial, debe poner el ejemplo con la creación de la Agencia de Seguridad Vial, que después, y como lo han expresado las más de 70 organizaciones que integran la Alianza Nacional por la Seguridad Vial, se convierta también en base para la consolidación de una Agencia Nacional.

 

Durante los últimos años, fue la sociedad civil organizada la aliada fundamental para que los cambios sucedieran. Con su especialización, apertura al debate y diálogo, y crítica fundamentada, la Ciudad de México constituyó su política más ciudadana: la seguridad vial. Con orgullo y emoción celebramos la consolidación de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial, esperando que la experiencia compleja, pero fructífera, de la CDMX pueda servir de base para proteger la vida de más personas en las calles de otras ciudades y estados de la República. En esta nueva etapa de consolidación de otras acciones en seguridad vial, nuestra meta sigue siendo, como en un principio, tender a cero en muertes por hechos de tránsito. Las acciones deben seguir sin titubeos ni retrocesos.

 

#SeguridadVialYa

 

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